La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que forma parte del colectivo #NoMásDerroches ha promovido 147 amparos para detener la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles, en la actual base aérea de Santa Lucía, acusó al gobierno federal de declarar como “instalaciones estratégicas” a todos los inmuebles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el único fin de revertir sus recursos legales.

Foto: Sentido Común

Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a un juez federal revocar la suspensión definitiva contra la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, con el argumento de que las Instalaciones Estratégicas de la Sedena son de interés nacional.

El Ejecutivo decidió invocar el interés nacional y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional, indicó el colectivo en un comunicado.

Para ello, la Sedena solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos:

• El Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica. • La suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. • Se pone en riesgo la protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.

#NoMásDerroches argumenta que lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que se resuelva en definitiva el juicio. Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público, en todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”, afirma el colectivo.

Asegura que, de revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.

Elaborado por CAINTRA, con información de Vanguardia, El Economista, El Periódico de México, y La Prensa