Hoy debemos reconocer que las pymes son la primera línea de defensa social en México. Repito: las pymes son la primera línea de defensa social en México. Son ellas las que más inciden en la integración del tejido social y en la construcción de nuestras comunidades. Su dolor es nuestro dolor, y el de todo el empresariado mexicano; lo que les duele, les debe doler a todas las empresas de México. Son y deben ser la parte central de nuestra agenda de representación. No sólo porque superan 90% de nuestra membresía, sino porque apostarle a las pymes y a su agenda beneficia al sector empresarial. Las pymes son prácticamente la totalidad de las empresas en el país, tienen un enorme peso al abarcar 67% de los empleos y contribuir con 37% de la producción nacional.
Las empresas de México, desde la más pequeña hasta la más grande, requieren reglas claras y que no haya cambios abruptos para tener la certidumbre que permita operar, invertir y crear empleos. Esta condición de certeza facilita que miles de empresas, de todos los tamaños, amplíen la contribución al desarrollo social que el país tanto necesita. No obstante, en estos momentos miles de pymes observan con creciente preocupación inminentes afectaciones en temas energéticos y laborales, que son críticos para su estructura de costos.
En el ámbito energético, las pequeñas y medianas empresas consumen casi 40% del total de la energía eléctrica nacional. Hoy hay diferenciales de 80% en la tarifa eléctrica de una pyme en México frente a una en Estados Unidos, o incluso más de 130% si las comparamos con empresas similares en Texas. Para ser más productivo se debe consumir primero las fuentes de energía más eficientes y competitivas, como sucede en el resto del mundo. Por ello lamentamos profundamente el sentido en que fue aprobada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que, al no dar prioridad a las fuentes más económicas, lejos de solucionar, empeorará la competitividad de las empresas y complicará el avance económico y el desarrollo social del país.
En el ámbito laboral, las pequeñas y medianas empresas representan casi siete de cada 10 empleos; son el motor económico y parte esencial del tejido social del país, por lo que damos seguimiento cercano a la iniciativa sobre la eliminación de la subcontratación. Coincidimos en proteger los derechos de los trabajadores y castigar el outsourcing ilegal y abusivo, sin embargo, debemos evaluar si, en respuesta a los excesos o ilegalidades de unos cuantos, la mejor ruta es imponer a las empresas una carga burocrática adicional y medidas de control para sus proveedores que le corresponden a la autoridad. Esto las coloca en riesgo de perder competitividad y enfrentar sanciones excesivas, algo complicado para 95% de las empresas en México, que tienen hasta 10 trabajadores.
Además de lo anterior, las pymes nos confirman otro de los dolores de cabeza del sector: la complejidad tributaria. Hay una cantidad tortuosa y frecuente de declaraciones, cálculos y pagos fiscales. Para las pequeñas empresas, implica dedicar una gran cantidad de recursos internos a solucionar todos estos requisitos de las autoridades. Para ellas, ser formal cuesta.
Un primer paso para revertir esta situación sería con una reducción en la frecuencia y complejidad de las interacciones y declaraciones. Una pyme realiza 169 cálculos y procesos al año para cumplir y estar al día principalmente con el sat, así como con el imss y el Infonavit, el mismo número que una empresa grande en México, y una clara y gran diferencia con las 18 interacciones que requiere una pyme en Estados Unidos.
Hoy, las autoridades cuentan con la tecnología necesaria para realizar este ajuste, pero creemos que la normatividad las detiene, ya que se ha quedado obsoleta. Es momento de hacer este cambio y tienen la posibilidad y la mejor oportunidad para lograrlo. Así permitirían a las pymes reasignar su tiempo y recursos para fortalecerse, reinvertir y crecer.
En suma, como país, debemos colocar en el centro de las acciones del gobierno a las pymes. El sector, así como el resto de las empresas de todos tamaños, requiere condiciones favorables para generar bienestar y apoyar a más familias y comunidades.
Estas propuestas e inquietudes que hacemos y expresamos por las pymes y por el entorno social son motivadas por el aprendizaje que hemos acumulado a lo largo de nuestra historia. Gracias a ello, hemos demostrado que el compromiso con la responsabilidad social industrial ha llevado a un escenario de ganar-ganar para nuestras comunidades, las empresas y sus colaboradores.
Invitamos a nuestras autoridades a construir juntos la prosperidad, el progreso y el desarrollo social y económico que todos buscamos para Nuevo León y para México. Nuestros 77 años de existencia son evidencia de nuestro continuo esfuerzo por el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad.
RODRIGO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidente del Consejo Directivo de CAINTRA