La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es una ocurrencia muy dañina porque devuelve a México a mediados del siglo xx, cuando hoy competimos con empresas y naciones que anuncian planes para los siguientes 20 y 30 años. Nuestras autoridades federales persiguen un México en blanco y negro que sí entienden, pero lo que necesitamos son líderes capaces de orientar los esfuerzos hacia el futuro y preparar al país para la siguiente etapa, la cual requiere proyectos sustentables e innovadores. Este orden es esencial: en 2021, para que un proyecto sea innovador debe ser sustentable.
Sin embargo, el gobierno federal se empecina en mantener el rumbo hacia el pasado, aun cuando sabe que sus acciones tendrán implicaciones operativas, jurídicas y financieras que además deteriorarán nuestro medio ambiente en perjuicio de todos.
En el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León (IPA) consideramos que son tres los efectos principales de esta reforma: vulnera y encarece el sistema eléctrico mexicano con una serie de cambios regulatorios para beneficiar a la CFE a costa de productores privados; atenta contra la certidumbre jurídica, el Estado de derecho y el cumplimiento de los diferentes tratados internacionales que México ha suscrito, y, finalmente, afecta las finanzas públicas, el medio ambiente y a los consumidores mexicanos al destruir los prospectos de generación mediante energías renovables.
Es probable que uno de los cambios más dañinos y costosos sea el de cambiar el criterio del orden de despacho al favorecer a plantas viejas, sucias, caras e ineficientes de la CFE, que serán las primeras en ofrecer energía, desplazando a las de energías renovables. Esto resultará en incrementos en tarifas para usuarios residenciales DAC y un aumento de hasta 30% para la industria, lo que afectará la competitividad de las inversiones en México.
La reforma a la LIE busca eliminar a la competencia de la CFE, lo que perjudica la generación privada, que incluye centrales de energías renovables y generadoras térmicas eficientes. Al eliminar la obligación para la CFE de comprar energía por medio de subastas, no garantizará menores precios al usuario final. Además, la reforma también privilegia a la CFE al desvirtuar el objetivo de los certificados de energías limpias (CEL) y no incentivar la instalación de nuevas centrales renovables por parte de la empresa productiva del Estado.
Esta reforma revoca los permisos de autoabasto de la industria y afecta la certidumbre jurídica de los inversionistas, al alterar de forma retroactiva las condiciones con las cuales realizaron sus inversiones en proyectos de largo plazo. Esto es casi una expropiación, sin llamarse así, ya que, al no ser rentables, los activos no serán útiles para los inversionistas privados y solamente el gobierno les dará utilidad. Por lo tanto, es violatoria del T-MEC, al cambiar las condiciones regulatorias y afectar a las empresas que invirtieron, desincentivando nuevas inversiones en el sector, ya que se vuelven inviables.
También es incongruente con el Acuerdo de París, la Ley de Transición Energética, la Agenda 2030 y los compromisos de las empresas para la transición a una generación eléctrica más limpia y la reducción de emisiones. Todas las empresas que divulgan sus acciones a favor de la sustentabilidad, bajo el estándar GRI o el Carbon Disclosure Project (CDP), se verán afectadas, ya que pondrán en riesgo el cumplimiento de sus metas declaradas de emisiones directas o indirectas al obtener su energía de la CFE.
En lo financiero, no sólo las empresas o los hogares sentirán el golpe: desde hace meses sobrellevamos una menor calidad crediticia por un mayor riesgo país. Según datos del Banco de México, las transferencias de recursos al exterior por parte de mexicanos crecieron 44% en 2020 frente a 2019, al transferirse 18758 millones de dólares, de los cuales la mitad salió en el cuarto trimestre del último año.
Sabemos que esta reforma nos llevará al incumplimiento de los tratados mencionados, porque requiere un mayor consumo de energías fósiles para generar electricidad y alienta el uso de combustóleo que ahora le sobra a Pemex porque nadie lo quiere. La quema de este combustóleo es una de las maneras más sucias de producir energía y sus emisiones dañan de manera severa el medio ambiente y la salud de la población.
De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), que publica la Secretaría de Energía, instrumento que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, en lo que respecta a las actividades de generación, transmisión y distribución, el país necesita agregar 13 677 MW de capacidad en el periodo 2020-2024 para cumplir con la demanda esperada. Lo preocupante es que no menciona de dónde vendrán 7500 MW de ese total y el Estado no tiene los recursos suficientes para desarrollar este sector, lo que pone en riesgo el suministro y la confiabilidad del sistema en el mediano y largo plazos.
En el IPA vemos esta reforma como un serio retroceso, porque destruye un sistema energético robusto que atrae nuevos proyectos de energías limpias, los cuales garantizan un abasto competitivo y confiable a la población y la industria. Las expectativas frente a cualquier plazo de proyectos financiados por capital privado son poco alentadoras, debido a que la reforma a la LIE ha incrementado el riesgo país y desalentado la inversión extranjera directa, e incluso ha impulsado la salida de capitales hacia mercados atractivos.
En esta época de crisis, la reforma obstruye la recuperación económica de México y, quizá lo más grave, violenta múltiples derechos humanos que garantiza nuestra Constitución.
por HORACIO MARTÍNEZ