CAINTRA en los medios de comunicación
Del 7 al 12 de mayo de 2012

Querían más propuestas

Para los 274 líderes ciudadanos convocados por EL NORTE, el primer debate entre los candidatos a la Presidencia realizado anoche fue entretenido, pero abundaron los ataques y faltaron más propuestas.

Reunidos en las instalaciones principales del periódico y en la Edición Sierra Madre, los Consejeros y ex Consejeros de EL NORTE siguieron atentos y evaluaron las intervenciones del candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto; la aspirante panista, Josefina Vázquez Mota; el abanderado del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, y de Gabriel Quadri, representante de Nueva Alianza.

Al término del encuentro, los líderes coincidieron en que los candidatos perdieron el tiempo en descalificarse unos a otros en lugar de aprovechar para presentar sus propuestas.

"Algunos decepcionaron en el sentido de enfocarse en los ataques y dejar de lado las propuestas", señaló Carlos Cantú, de la Colonia del Valle. "En ese sentido, el debate sí deja algo a deber".

Los ataques, que fueron más recurrentes por parte de Peña Nieto, Vázquez Mota y López Obrador, generaron decepción entre quienes siguieron el desarrollo del debate.

"Me pareció una lástima que no hubiera propuestas y que fuera más estarse tirando lodo uno al otro", dijo Rigoberto Meléndez, de San Pedro. "Esperaba un poco más de propuestas".

Sin embargo, la mayoría de los líderes entrevistados al finalizar coincidieron en que la sorpresa del debate fue la participación de Quadri, quien para el 53 por ciento de ellos fue el ganador.

En un cuestionario previo al debate, un 52 por ciento opinaba que éste lo ganaría López Obrador, quien finalmente fue el ganador sólo para el 13 por ciento, por debajo de Vázquez Mota con el 26 por ciento y encima del 6 por ciento de Peña Nieto.

"Estuvo interesante, cambió mucho mi opinión con respecto a lo que pensaba antes", opinó Ana Catalina Bueno, estudiante de la Colonia Hacienda El Rosario. "Quadri me sorprendió muchísimo, la verdad, no había escuchado sus propuestas. Creo que fue el mejor de los cuatro".

En la evaluación de las participaciones de los aspirantes presidenciales, que incluyó sus mensajes inicial y final, así como sus cinco intervenciones por tema, el mejor calificado fue también Quadri, con un promedio de 7.8.

Durante las dos horas que duró el debate escucharon atentos las propuestas de los abanderados a la Presidencia e incluso aplaudieron algunas de las intervenciones.

Mientras tanto, en los bares, restaurantes y hogares de Monterrey, los regiomontanos optaron por ver el partido en el que Tigres avanzó a la semifinal.

Por separado, los líderes de las cámaras empresariales criticaron la falta de profundidad en las propuestas de los candidatos.

"Destacaría al candidato ciudadano Gabriel Quadri, que las expuso con más detalle y mejor fundamentadas", opinó Eugenio Clariond Rangel, presidente de Caintra Nuevo León. "Y en el otro extremo me parece que López Obrador se la pasó atacando y fue quien hizo las propuestas más pobres, escasas y fuera de lugar".

Aunque destacó que el primer debate fue un buen ejercicio para conocer las propuestas y la personalidad de los candidatos, Ramón Cantú Willman, presidente de Canaco Monterrey, consideró que es difícil calificar quién es el mejor.

Defiende Caintra dobles remolques

Luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes analizara la posibilidad de suspender la circulación de camiones de doble remolque ante los accidentes ocurridos en Veracruz y el Estado de México, Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Caintra Nuevo León rechazó que el uso de éstos ocasionen accidentes y daños a carreteras.

Por el contrario, aseguró que de eliminarlos, habría severas afectaciones económicas a las empresas.

En entrevista posterior a la Junta de Consejo Directivo de la Caintra, el empresario señaló que de sacarse de operación este tipo de camiones, habría un costo incremental nacional de 20 mil millones de pesos.

Por su parte, Guillermo Dillon, director del organismo, sostuvo que si bien no son muchas las empresas que tienen sus propias flotillas de camiones dobles, sí los utilizan muchos de los proveedores industriales, por lo que esta medida pegaría en sus costos de producción y en consecuencia a los precios del consumidor.

"Hacemos un llamado al gobierno federal, para que escuche las propuestas que los organismos empresariales estamos haciendo", dijo Clariond Rangel.

El presidente manifestó que en la Cámara ya se han realizado estudios y análisis técnicos que sostienen que el uso de estas unidades no sólo deterioran menos las carreteras, sino que contaminan menos.

Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció una revisión de las normas para bajar el peso de 80 a 66.5 toneladas que pueden transportar los tráileres.

Lo anterior tras los accidentes en los que estuvieron involucrados tráileres con doble remolque y que causaron 44 muertos en Veracruz y 6 más en el Estado de México.

Entre otras cosas, diversas organizaciones de transportistas ahora demandan la prohibición de estos camiones, argumentando una mejoría en la seguridad.

Por otra parte, si bien originalmente no se tenía contemplado a Gabriel Quadri para participar en las reuniones realizadas de los candidatos con las diferentes cámaras empresariales en Nuevo León, tras el desempeño de éste en el debate presidencial, ahora lo invitarán para que profundice en sus propuestas, mencionó Clariond Rangel.

Dijo que su desempeño en el debate hizo que cambiaran su opinión inicial sobre él, y ahora será invitado por Caintra, Coparmex y Ccinlac para hablar sobre sus propuestas.

Critica CFC iniciativa antimonopolios de NL

La Comisión Federal de Competencia (CFC) cuestionó la propuesta de una legislación en Nuevo León que invade sus competencias en el castigo a los monopolios.

En ese proyecto, se dice que la víctima de una práctica monopólica podrá acudir ante un Juez Oral para que, a través de una orden judicial, se determine el cese de prácticas anticompetitivas y se busque el resarcimiento de daños a los afectados.

La dependencia se mostró en desacuerdo con la conveniencia de esta medida, ya que entraría en conflicto con la legislación y autoridad federal, que es la que sanciona a las empresas que caen en esa mala conducta.

La CFC dijo que actualmente existen dos vías para sancionar una práctica monopólica: la administrativa federal (a cargo de ella) y la vía civil federal, para resarcir daños a particulares a cargo del Poder Judicial.

Si pasara la iniciativa promovida en Nuevo León se abriría la vía civil local, lo cual podría generar un estado de inseguridad jurídica, estableció la CFC.

"Los particulares podrían enfrentarse a problemas de carácter procesal. Además, podrían generarse resoluciones contradictorias que afectarían la eficiencia y eficacia en la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)", afirmó la dependencia en un documento.

El comisionado de la CFC, Miguel Flores Bernés, opinó en su cuenta de Twitter que la Ley de Competencia de Nuevo León promovida por el PRI podría invadir facultades de la federación y crear inseguridad respecto a procedimientos civiles y administrativos.

En este tenor, el órgano antimonopolios argumentó que la iniciativa tiene conceptos que resultan contradictorios con lo planteado en la LFCE referentes a prácticas monopólicas, mercado relevante y poder sustancial.

"Esto, en lugar de contribuir a la estructuración de la competencia, podría limitarla o entorpecerla en perjuicio de los agentes económicos y consumidores", señaló.

Por ello, la CFC recomendó que todos los conceptos que se utilizan en la iniciativa se modifiquen para que sean consistentes con la legislación federal.

La semana pasada, Mario Emilio Gutiérrez, Diputado estatal priista autor de la iniciativa de la la Ley para la Procuración y Defensa de la Competencia Económica y la Libre Concurrencia dijo que ésta sería la primera de su tipo en el País.

Aseguró que complementaría la Ley Federal de Competencia Económica al facultar a jueces estatales a ordenar la supresión de prácticas monopólicas y el resarcimiento a las víctimas con una indemnización de hasta 3 veces el monto de los daños causados.

Sin embargo, el sector industrial, consultado a través de la Caintra, externó sus reservas.

Los industriales temen que dicha legislación entorpezca el ambiente de negocios del estado al crear leyes duplicadas y obligar a las empresas a cumplir con diferentes reglamentos, advirtió Sergio Anguiano, director de coordinación industrial de Caintra.

"Estamos haciendo el análisis de la iniciativa pero de entrada nos preocupa que pudiera ser una duplicidad de legislaciones y traería mayores costos a los agentes económicos sobre todo si pensamos que se irían repitiendo en el resto de los Estados", dijo Anguiano.

Exigen a Gobernación apoyo para los penales

Líderes de la iniciativa privada de Nuevo León exigieron ayer al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, mayores apoyos federales, especialmente en el rubro de seguridad penitenciaria, para lograr el traslado de reos federales a prisiones federales y acelerar la construcción del nuevo Penal en Mina, entre otras cosas.

La demanda se planteó durante un encuentro privado en Palacio de Gobierno al que fueron convocados representantes de Caintra, Canaco, Coparmex y Canadevi, entre otros organismos, y en el que también participaron el Gobernador Rodrigo Medina y su gabinete de seguridad.

"Seguimos tocando el mismo tema", dijo Alfonso Garza, presidente de la Coparmex, "tratar de conseguir más apoyos federales para el Estado, sobre todo temas que tienen que ver con apoyo.

"Por ejemplo, (se pidió apoyo) para los penales, para el traslado de reos federales a las prisiones federales, apoyos para la construcción del nuevo penal de Mina, apoyo para Fuerza Civil".

Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Caintra, señaló que, además, esperan ayuda para implementar medidas que permitan la preliberación de los reos no peligrosos.

"También se estuvo platicando del sistema judicial", señaló Clariond, "para poder preliberar a los reos que cometen delitos menores y con eso poder bajar la sobrepoblación".

Estas exigencias se dan en medio de la situación de alarma existente en los penales en el Estado que, además de haberse convertido en escuelas del crimen y estar bajo control de los internos, han sido escenarios de hechos violentos, como la masacre de 44 reos y la fuga de otros 37 en el Penal de Apodaca el 19 de febrero.

Al término de la reunión privada, los dirigentes empresariales atestiguaron la firma de la ampliación del convenio Nuevo León Seguro, también encabezada por Poiré y Medina, en uno de los patios del Palacio.

Sobre las cifras a la baja que las autoridades dieron a conocer para algunos delitos, Clariond dijo que esperarán los resultados del pulsómetro ciudadano para saber cuál es la percepción de la gente al respecto, aunque consideró que sí se ve un rumbo en las acciones.

Garza coincidió con la estadística oficial, que registra mejoría en delitos como el robo a negocios.

Jorge Domene, vocero estatal de seguridad, afirmó que, en la reunión, "más que exigir, fue agradecer el apoyo".

Traslado de reos fue por orden judicial.- Domene

El vocero de seguridad estatal informó ayer que al regresar a cuatro reos al Penal de Apodaca, de donde se habían fugado, el Ejecutivo sólo acató una orden del Poder Judicial que dispuso el traslado de los prisioneros.

Jorge Domene afirmó que si la decisión hubiera sido del Estado, se habría actuado de manera diferente.

Agregó que serán tomadas las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo que el 19 de febrero de este año, cuando 44 reos fueron masacrados y 37 más se fugaron del reclusorio de Apodaca, en complicidad con las autoridades penitenciarias.

"Esto no es una decisión del Poder Ejecutivo", aclaró, "(es) el Poder Judicial quien nos ordena a todos este tipo de casos a dónde los tenemos que hospedar y ésta es la solución que toma el juez.

"Nosotros la tenemos que acatar y tendremos las precauciones para que no vuelva a suceder lo que ya conocemos. Son decisiones de los jueces, si en nosotros estuviera probablemente hubiéramos hecho algo diferente".

Ayer se publicó que cuatro reos recapturados fueron regresados al Cereso de Apodaca, de donde se fugaron en febrero, entre ellos Horacio Silva Garza, alias "El Vampi", identificado por el Estado como un líder zeta y quien organizó la fuga masiva, controlaba la venta de drogas y alcohol, y pagaba a mandos y custodios.

Una fuente estatal aseguró que los recapturados fueron transferidos el 3 de mayo del Penal del Topo Chico al Cereso, por presuntas razones de seguridad y por considerar en riesgo la estabilidad de ese reclusorio.

Los reos son Silva Garza; Rogelio Chacha Quintanilla, "El Yeyo"; Rubén Méndez Gastélum, alias "El Tabaco", y Arturo Vélez Vélez, "Quilantán".

Domene dijo que por lo pronto el Estado acatará la orden del juez, y revisará otros mecanismos para solventar el asunto.

"Por lo pronto estamos asumiendo lo que nos ordene el juez", señaló, "y ya veremos mediante otros mecanismos cuál es la mejor forma de poder solventar".

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Alfonso Verde Cuenca, consideró que es positivo que los reos hayan sido trasladados al Penal de Apodaca, porque ésta es la prisión estatal que está preparada para internos de alta peligrosidad.

Tras la firma de un convenio de seguridad entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado, los dirigentes empresariales Eugenio Clariond Rangel, de Caintra, y Alfonso Garza, presidente de Coparmex, rechazaron dar su opinión respecto al traslado de los reos recapturados al Cereso de Apodaca.

Pide IP reorientar gasto del Gobierno en imagen

Tras darse a conocer que el Gobierno estatal gastó en 30 meses casi mil 700 millones de pesos en comunicación e imagen, líderes de la Iniciativa Privada pidieron ayer a la administración redefinir sus prioridades y reorientar ese gasto a otros rubros de mayor provecho.

"Creo que debemos ser más prudentes en el gasto en el Estado, creo que debiera buscar el Estado gastar el dinero donde mayor beneficio traiga a la población, uno de los temas es definitivamente el tema de seguridad, el de obras de infraestructura, todo eso", explicó Alfonso Garza, presidente de la Coparmex, al término de una reunión en Palacio de Gobierno.

"Hay que analizar el gasto y ver dónde es mejor colocarlo".

Ayer se publicó que el gasto en comunicación de la actual administración es considerablemente mayor a las cifras que se echaron en cara los candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto, del PRI, y Andrés Manuel López Obrador, abanderado de las izquierdas.

De acuerdo con los pagos que periódicamente hace públicos el Gobierno estatal, tan sólo en sus primeros dos años y medio se ha gastado mil 679 millones de pesos, equivalentes a 1.83 millones diarios.

Esta cifra es considerablemente superior a los mil millones de pesos que Peña atribuyó a toda la administración de López Obrador y a los más de 600 millones de pesos que según el candidato de izquierda destinó el priista a Televisa durante un año.

Esta superioridad en el gasto de comunicación se da a pesar de que tanto el Gobierno del Distrito Federal como el del Estado de México tienen poblaciones y presupuestos que duplican y triplican los de Nuevo León.

Eugenio Clariond, presidente de la Caintra, señaló que si los casi mil 700 millones de pesos reportados por el Gobierno de Medina son los que se gastan en el rubro, es necesario que se analice cómo canalizar los recursos a proyectos más necesarios.

"Como empresario yo siempre he estado en contra de engrosar el aparato burocrático y elevar los gastos, sin duda que si ese dinero fuera invertido en otros temas de mayor relevancia sería mucho mejor", dijo al ser abordado en Palacio de Gobierno.

"Habría que ver cómo eso mejor lo canalizan en proyectos de mayor valor agregado. Analizarlo y buscar encauzarlos a otros rubros".

Molesta a Pymes licitación estatal

Un grupo de 15 Pymes regias, entre ellas Bodegas California, Comercial Garza Reyna, Librería y Papelería Patria, Papelería y Librería El Bachiller, Papelería y Mercería Guerra y Egesa, busca revocar una licitación de paquetes escolares efectuada por el Gobierno estatal, al considerar que se diseñó para favorecer a la que resultó ganadora.

En los documentos de la licitación, a los que EL NORTE tuvo acceso, se estableció como requisito que el proveedor tuviera un capital contable mínimo de 20 millones de pesos.

Con esa condición, ninguna de las empresas medianas o pequeñas podía participar, pues a lo mucho tenían un millón, explicó Javier Burnes González, director general de Bodegas California y líder de las quejosas.

Además, la licitación, que entre otros productos era para comprar 2.1 millones de libretas, para las que se necesitan siete tráileres, exigía la entrega en 15 días, algo imposible para una pequeña empresa, dijo Burnes.

"El proveedor que ganó el concurso es Soriana, una compañía que normalmente no atiende este tipo de concursos, lo que nos parece raro... Suponemos que iba con dedicatoria", manifestó.

La Subasta Electrónica Inversa No. EA-919002997-N8-2012, por 416 mil paquetes escolares, fue adjudicada el pasado 30 de marzo a Tiendas Soriana con tres partidas que suman 96 millones de pesos más IVA.

Los paquetes son parte de un programa gubernamental que se se entregó por primera ocasión en el 2010 como un "apoyo emergente" a los niños de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas en Nuevo León que fueron afectados por el huracán "Alex".

Burnes también criticó que al entregar paquetes estandarizados no se pudiera cumplir con lo que exigían diferentes planteles.

Ante ello, las quejosas están pidiendo al Gobierno estatal que cambie su esquema de entrega de paquetes por uno de vales, como ya se hizo en el Distrito Federal, para que los papás los puedan canjear en la papelería de su preferencia.

"Si (el Gobierno) quiere dar útiles escolares está bien, pero que se democratice (el apoyo)... Vamos a pedir apoyo a instituciones como Canaco y Caintra", expresó Burnes, al señalar que se está marginando a unas mil pequeñas papelerías en el Estado.

Las empresas inconformes se reunieron la semana pasada con Filiberto Ceceña Beltrán, director de gobierno, que depende de la Subsecretaría de Gobierno de Nuevo León, para pedir que cambiaran el esquema de adjudicación.

El funcionario afirmó que tendría "comentarios" para esta semana, refirió Burnes.

Aunque se buscó por varios días a Néstor Armstrong, director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, y a Soriana, al cierre de esta edición no se obtuvieron sus comentarios sobre el caso.

Piden reglamento federal para controlar monopolios

En vez de armar una legislación local para impedir prácticas monopólicas, se debería impulsar la creación de los criterios técnicos y reglamento para la Ley Federal de Competencia Económica, cuya falta está frenando el avance de la libre competencia en todo el País, coincidieron expertos e industriales.

En Nuevo León, diputados priistas cabildean una iniciativa de ley de competencia económica que permitiría a empresas víctimas de prácticas monopólicas recuperar los daños y perjuicios ocasionados por esa conducta a través de juicios orales.

Pero las discrepancias entre la ley federal y la iniciativa de Ley de Competencia Económica y Libre Concurrencia de Nuevo León podrían generar mayor carga para las empresas, afirmó Guillermo Dillon, director de Caintra NL.

"Vamos a recomendar que más bien nos concentremos en el reglamento a la ley nacional, que por cierto todavía no se publica y creo que ahí es donde hay que enfocar las baterías para avanzar en temas de competencia económica; más que atomizar esfuerzos estatales de leyes de competencia económica", afirmó Dillon.

Tras la reforma a la Ley en mayo del 2011, la Comisión Federal de Competencia (CFC) tenía seis meses para realizar una consulta y publicar los criterios técnicos de cómo define la existencia de prácticas monopólicas y cómo determina un mercado relevante, así como proponer un reglamento para la ley, que el Ejecutivo Federal pudiera promulgar.

Pero ninguna de estas dos cosas han sucedido, lo que ha frenado la entrada en vigor de varios de los artículos reformados en el 2011, como la creación de juzgados especializados en competencia.

"Creo que como País debemos de enfocarnos en el contenido del reglamento, que no existe todavía, para la ley que se modificó el año pasado", dijo Dillon.

Por separado, Abel Hibert, ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, consideró que la facultad de combatir las prácticas monopólicas es un asunto de competencia federal y no estatal, por lo que una ley local abriría una doble ventanilla en la materia.

Además, abre la posibilidad de que la empresa que sea denunciada pueda ampararse y objetar las facultades de la autoridad o estatal, según le convenga.

"La propuesta estatal no aporta ninguna novedad. Lo que debería haber es mas coordinación entre los gobiernos locales y la CFC para que muchos asuntos y denuncias les puedan dar entrada localmente sin tener la necesidad de viajar a la Ciudad de México y tener también la necesidad de contratar abogados para llevar estos procesos", afirmó Hibert vía correo electrónico.

EL NORTE publicó el miércoles que la CFC considera que la ley estatal podría entrar en conflicto con la legislación y autoridad federal.

Al respecto, el autor de la iniciativa y diputado local por el PRI, Mario Emilio Gutiérrez, defendió que la opinión de la CFC sobre la iniciativa de ley de competencia económica de NL no es vinculatoria, por lo que no impide su paso por el Congreso local.

Limitar leyes estatales solo está en las facultades de la Suprema Corte, dijo el diputado.